Por Lucía Tejido Villafruela

La cuestión sobre el Sahara Occidental ha sido y continúa siendo objeto de debate para la comunidad internacional, especialmente en todas aquellas implicaciones políticas y diplomáticas que involucran a España. El campo jurídico difícilmente puede imponerse a agendas políticas El alto voltaje político que se impone sobre la controversia deja un margen muy reducido para que los aparatos jurídicos puedan tener algún rol relevante. En este sentido, el Derecho Internacional, aunque pueda interpretar, no ostenta la capacidad como para resolver de facto el problema. 

Pero entonces, ¿a quién pertenece el Sahara? ¿Es o debería ser un territorio autónomo dentro del reino alauita? ¿Puede considerarse un Estado a ojos de la Comunidad Internacional?

Es necesario echar la vista atrás a fin de encontrar los antecedentes históricos y entender la cuestión en su amplia dimensión. 

Desde 1884 con la Conferencia de Berlín, se produce el reparto de África, convirtiéndose España en la potencia colonial responsable del territorio. Años más tarde, en el 1906, por medio de la Conferencia de Algeciras, se divide finalmente el territorio, además de la administración como protectorado del norte de Marruecos, una división hecha sin tener en cuenta las diferencias étnico-culturales. 

En 1913 se da comienzo a la guerra del Rif por la resistencia marroquí y, 8 años más tarde, se produce el desastre de Annual, que acaba exponiendo a una España que no era capaz de mantener su poder en dicho territorio. El final de la guerra no supuso en absoluto el fin de las tensiones, pues empezaron a surgir grupos nacionalistas marroquíes con la idea de luchar por la independencia (que sería concedida en 1956). En este contexto, Marruecos percibió la absorción del Sahara Occidental como una parte vertebral de su proyecto nacional.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas incorporarán en sus propósitos “fomentar las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la libre determinación de los pueblos”. No obstante, y debido a la influencia de ciertas potencias vencedoras, el propósito no aparece especialmente desarrollado, cuestión que sería trabajada y cambiada más adelante gracias a la confluencia de una serie de factores políticos favorables a las aspiraciones de los pueblos dependientes y a la descolonización. 

En 1961 el Sahara pasa a ser oficialmente una provincia española con el objetivo de normalizar su situación frente a los movimientos de liberación de Marruecos, caldo de cultivo de lo que posteriormente sería el Frente Polisario. Dos años más tarde, el Sahara entró en la lista de territorios no autónomos elaborada por las Naciones Unidas. Hasta mediados de los años 60, la presencia española no había alterado el estilo de vida de la población local. Fue entonces cuando el régimen franquista decidió invertir en expediciones e investigaciones que tenían por objeto la explotación de recursos. Así, millones de pesetas fueron invertidas en la industrialización de la zona. 

Con el creciente proceso de descolonización a nivel mundial y en el contexto de la Guerra Fría, en mayo de 1973 aparece públicamente el Frente Polisario. Éste recibe desde un principio el apoyo proveniente de Argelia, que agrupaba todo un conjunto de intereses debido a las históricas disputas con Marruecos. A la par que el cambio de régimen en España y la caída de la dictadura, el Gobierno prometió que se celebraría un referéndum sobre su autodeterminación, hecho al que Marruecos se opuso en rotundo. En vista de este desacuerdo, la ONU emite la Resolución 3292 para paralizar dicho referéndum y solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto al estatus del territorio. 

Aprovechando la debilidad del gobierno español y la negativa de la CIJ en su opinión consultiva, todos los planes e influencias sobre el Sáhara Occidental culminaron el 6 de noviembre con la conocida como Marcha Verde (ocupación marroquí de tal territorio). Bajo estas circunstancias, España puso en marcha un plan de rápida evacuación del territorio que terminó por consumarse el 14 de febrero del mismo año con los Acuerdos de Madrid. Éstos suponían la renuncia del área por parte de España y el establecimiento en su lugar de la administración de Marruecos. Según las Naciones Unidas, esto no convirtió al reino alauita en potencia administradora, por lo que, técnicamente, España sigue siendo el administrador del territorio no autónomo. 

Tras la retirada de España y el reemplazo de Marruecos, se iniciaron ataques que fueron suponiendo el exilio de decenas de miles de saharauis. El conflicto siguió su curso hasta que, en 1991, se acordó un alto en fuego arbitrado por la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Empero, se encontraron varios problemas para la identificación del censo de la población, de modo que se volvió a posponer.  

A día de hoy, las tensiones entre Marruecos y el Frente Polisario siguen latentes. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD a partir de ahora) es un Estado con reconocimiento limitado en la Comunidad Internacional, pero con clara influencia y presencia. Más de 80 países la reconocen, destacando, como se ha mencionado, a Argelia. El referéndum sigue sin celebrarse, en primera instancia, por discrepancias sobre el censo de los votantes del pueblo saharaui y, en segunda, por un rechazo frontal de Marruecos a aceptar dicho procedimiento. Rabat ofrece como vía única una propuesta de autonomía. Al otro lado del Estrecho de Gibraltar, esta alternativa ha levantado tensiones entre las diferentes formaciones políticas españolas.

De igual forma, Estados Unidos juega un papel notablemente importante. El 10 de diciembre de 2021 (bajo la Administración Trump) la Casa Blanca señaló que la decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara tenía que formar parte del acuerdo para restablecer los lazos entre Marruecos e Israel. Dicho respaldo supone un problema para la población saharaui, pues se apaga esa esperanza de un pueblo que lleva años luchando por una independencia que parece nunca llegar. Por su parte, Francia también reconoce la autoridad marroquí, alineando así a un tercio de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ONU en favor de la solución de Rabat. 

Hasta ahora Biden ha mantenido el reconocimiento para así evitar posibles tensiones con los dos aliados antes mencionados, con lo que, en cierto modo y a ojos de la Comunidad Internacional, el futuro del Frente Polisario pasa por que Washington redirija su postura hacia la celebración de un referéndum. 

En la actualidad, la idea de un Sáhara Occidental independiente ha disminuido de un modo significativo. Con cada día que pasa, Marruecos se asienta en el Sahara de un modo más arduo, mientras que el FP lleva casi 50 años estancado. El afán de independencia ha resistido desde que España atracó en sus costas y Marruecos cruzó las fronteras, pero no ha sido suficiente como para solucionar uno de los conflictos más longevos del mundo. 

Las tensiones y disidencias políticas en las que se halla inmersa España son, cuanto menos, dignas de mención. En mayo del 2022, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez se plegó a Marruecos y, sin el apoyo de sus socios de coalición, Unidas Podemos, cambió la posición histórica de España en las últimas décadas al aceptar la propuesta marroquí de autonomía que el Polisario siempre ha rechazado enérgicamente.

En la carta que Sánchez remitió directamente al rey de Marruecos, Mohamed VI, se cita textualmente que la autonomía es la propuesta “más seria, realista, creíble” para la resolución del conflicto. Con esta decisión, España sería vista como la que ha abandonado la causa saharaui, fundamento que, a nivel político, tiene un alto valor simbólico en la izquierda española. Ante este intento de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país vecino, la vicepresidenta segunda Yolanda Diaz ha reiterado su compromiso con “el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui”. 

Pero, ¿a qué se debe entonces este cambio en el discurso de la izquierda, más concretamente, de Pedro Sánchez? Desde una perspectiva diplomática, parece un mero intento de redirigir unas tensiones que se habían producido con Marruecos tras la hospitalización en abril de 2021 de Brahim Gali, líder del FP, por graves dificultades respiratorias. España, en su momento, justificó este trato alegando que lo acogieron por “razones estrictamente humanitarias”. Fue entonces cuando Marruecos se pronunció ante este hecho deplorando la actuación española y lanzando un escrito por el que “lamenta la actitud de España y expresa su decepción por un acto contrario al espíritu de asociación y buena vecindad”. 

Este hecho no quedaría en el olvido de los dirigentes marroquíes, teniendo como consecuencia una de las manchas negras más recientes en las relaciones entre ambos países. España y Marruecos mantuvieron una postura similar con respecto a la matanza del 24 de junio en la valla de Melilla para mostrar su nueva sintonía en temas migratorios. Sin embargo, la cooperación puede atrapar a Rabat bajo la presión de sus vecinos africanos y la Unión Europea por las deportaciones de inmigrantes. Las autoridades marroquíes habían desalojado por la fuerza los campamentos de inmigrantes al día siguiente de la masacre. Cuando el grupo fue a la cerca, las autoridades no hicieron nada para detenerlo hasta que se encontraron en la misma frontera.

Una vez más, Marruecos utilizó la vida de las personas como arma diplomática, esta vez para enviar un mensaje a la Unión Europea. Desde que España cambió su postura respecto al Sáhara, Marruecos ha querido volver a ser un aliado en materia de control migratorio. Así las cosas, el Presidente español justificó la intervención y destacó la necesidad de reconocer el extraordinario trabajo que ha realizado el Gobierno marroquí en la coordinación con los cuerpos de seguridad de España y lo importante que es mantener buenas conexiones con Marruecos.

Es evidente que el conflicto no parece tener fecha de caducidad, al menos próxima. El cambio de rumbo marcado por Pedro Sánchez ha sido desde entonces muy criticado entre la población, especialmente entre la izquierda española. No se debe olvidar que, a fin de cuentas, un eje central en la ecuación por la cuestión del Sáhara siguen siendo las vidas humanas que de ninguna forma deben pasarse frívolamente por alto. La Comunidad Internacional ha denunciado ya en numerosas ocasiones violaciones de Derechos Humanos, del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario hacia el Pueblo Saharaui. En esta materia, el propio Comité Internacional de la Cruz Roja califica la situación de “particularmente grave” y pone en entredicho la efectividad de las Naciones Unidas. 

Bibliografía

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